Los estándares de verificación de identidad merecen consistencia en diferentes actividades de alto riesgo. Cuando usamos exchanges de criptomonedas hoy en día, se nos requiere proporcionar una identificación emitida por el gobierno y completar escaneos de reconocimiento facial. La autenticación biométrica se ha convertido en la base para transacciones financieras que involucran activos reales.

Sin embargo, los sistemas de votación no se han puesto al día. En 2026, deberíamos preguntarnos por qué las barreras no son las mismas. Si los exchanges exigen protocolos KYC (know-your-customer) con escaneo facial y verificación de identidad para proteger la integridad de las transacciones, ¿no deberían los sistemas electorales aplicar un rigor similar?

La votación móvil también debería ser viable. Ya gestionamos operaciones financieras sensibles—comprar y vender criptomonedas, acceder a activos en blockchain—a través de nuestros teléfonos de manera segura. La tecnología existe. Entonces, ¿por qué no podemos votar de forma remota con los mismos estándares de autenticación que aceptamos en las plataformas de criptomonedas?

La lógica es sencilla: ya sea que estés realizando transacciones con activos digitales en un exchange o emitiendo un voto que define la gobernanza, ambos requieren prueba de identidad. Estandarizar la verificación en estos ámbitos tiene sentido, no solo por seguridad sino por coherencia y confianza pública.