El sector público enfrenta una crisis fundamental de retención de talento. Considere la dinámica salarial: un contador forense que recibe una compensación premium en la práctica privada—específicamente para navegar estructuras fiscales complejas y optimización regulatoria—puede ganar significativamente más que los funcionarios fiscales federales que moldean directamente la política. Esta arbitraria salarial no solo representa una brecha; señala un problema de eficiencia sistémica. Cuando la experiencia fluye hacia la optimización privada en lugar de la gestión pública, la capacidad del gobierno se erosiona. La ironía es profunda: aquellos mejor equipados para fortalecer la integridad institucional están económicamente incentivados a trabajar en su contra. Este desequilibrio estructural redefine no solo quién trabaja dónde, sino cómo se asignan los recursos—capital humano, conocimiento institucional, eficacia regulatoria—a lo largo de la economía.