El mercado de criptomonedas ha vuelto a agitarse recientemente. Un inversor conocido hizo una gran revelación en su última entrevista en un podcast: el gobierno de Estados Unidos podría cambiar de estrategia, dejando de depender únicamente de incautaciones por la vía legal y comenzar a comprar directamente Bitcoin con fondos del Tesoro estadounidense para fortalecer las reservas estratégicas de BTC del país.

Esto no es una invención. Ya en marzo de 2025, el gobierno de EE. UU. firmó una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de BTC, con el objetivo de acumular 1 millón de monedas. Sin embargo, la estrategia actual es bastante simple: básicamente, se basa en que las agencias de aplicación de la ley confisquen activos ilegales para acumular, y la compra en el mercado aún no se ha puesto en marcha.

La lógica del análisis de este inversor es la siguiente: viendo que las elecciones de mitad de mandato en 2026 se acercan, el gobierno podría querer estabilizar la comunidad de criptomonedas comprando BTC directamente en el mercado, además de proteger a los grupos de interés relacionados y evitar convertirse en un "pato cojo". Desde un punto de vista político, esto tiene cierta lógica.

Pero hay un gran supuesto: todas estas compras deben ser "neutras en presupuesto", es decir, no aumentar el déficit fiscal de EE. UU. Este inversor cree que ajustando el sistema fiscal se podría conseguir el dinero, pero la Casa Blanca aún no ha dado un calendario concreto ni un plan de financiación, y el Departamento del Tesoro no ha emitido ninguna declaración oficial. La viabilidad de que esto se lleve a cabo dependerá del desarrollo del entorno político y fiscal.

Lo interesante es que, si EE. UU. realmente lo hace, se predice que podría desencadenar una tendencia global en la que los países soberanos compitan por aumentar sus reservas de BTC, e incluso podría redefinir las expectativas sobre el sistema monetario futuro.

Pero hay que enfatizar que esto es solo una opinión personal y un análisis de mercado, no un plan ni una decisión oficial. La actitud del Congreso y de los reguladores será la clave decisiva.