Aquí hay un ángulo regulatorio interesante. Brian Armstrong explicó recientemente por qué una plataforma de cumplimiento importante tiene reservas sobre el borrador actual de la Ley de Claridad. La cuestión central gira en torno a las acciones tokenizadas. Según la interpretación de la plataforma, una prohibición de facto de las acciones tokenizadas crearía requisitos regulatorios tan restrictivos que estos instrumentos se volverían comercialmente inviables. Esto no es una prohibición absoluta en el texto legal, sino más bien una barrera práctica construida a través de cargas regulatorias y restricciones operativas que hacen que la participación en el mercado sea casi imposible. Es una distinción que vale la pena entender: a veces la regulación funciona mediante prohibiciones directas, otras veces haciendo que algo sea técnicamente legal pero prácticamente inviable. Este tipo de debate político moldea cómo evolucionan los activos digitales dentro de los marcos legislativos existentes.