La República de Moldavia, país candidato a la UE, anunció que en 2026 se implementará oficialmente la regulación de criptomonedas. Esto significa que el país se alineará con el marco del Mercado de Criptoactivos de la UE (MiCA), estableciendo un sistema completo de normativas para la industria.

Los puntos clave de la nueva regulación incluyen varios aspectos. En primer lugar, la posesión, el comercio y la conversión de activos criptográficos serán claramente considerados como actividades legales, y se autorizará a ciertas instituciones a realizar estas operaciones. Sin embargo, hay una restricción importante: las criptomonedas no podrán usarse para pagar bienes o servicios, similar a la práctica en algunos países.

En cuanto a los impuestos, también se ha establecido lo siguiente: la simple posesión de activos criptográficos no está sujeta a impuestos, pero las ganancias derivadas de las transacciones deberán pagar un impuesto sobre la renta del 12%. Esta tasa es relativamente moderada en el contexto europeo.

En el ámbito regulatorio, la normativa incluirá medidas estrictas contra el lavado de dinero y requisitos para la gestión de riesgos de seguridad. La postura del gobierno es clara: promover la legalización de las criptomonedas, pero prevenir su uso para financiamiento ilícito y lavado de dinero. Este equilibrio refleja una percepción cada vez más racional de la industria por parte de las autoridades tradicionales de regulación financiera.