La Ley CLARITY se ha convertido en un punto de conflicto en los debates sobre políticas criptográficas. Un lado está impulsando disposiciones éticas que restringirían la participación de ciertos individuos y sus familias en la industria de las criptomonedas, una medida diseñada para abordar los conflictos de interés percibidos. Sin embargo, prácticamente no existe un camino realista para que dichas restricciones sean aceptadas. La dinámica política hace que sea inviable: las barreras propuestas enfrentan una oposición fundamental que hace que su aprobación bajo las condiciones actuales sea casi imposible. Este estancamiento resalta el desafío más amplio de crear una legislación cripto que realmente pueda ganar tracción en todo el espectro político.