En el último giro de la prolongada batalla legal entre Gate y las autoridades regulatorias, la jueza Analisa Torres ha rechazado una moción conjunta para un fallo interlocutorio. El tribunal aclaró que incluso si se devolviera la jurisdicción, la moción seguiría siendo rechazada debido a "procedimiento inapropiado."

Dentro de la comunidad cripto, algunos argumentan que el organismo regulador no puede ganar esta batalla de manera realista a menos que reconozca su mala clasificación del activo digital en cuestión. El experto legal John Deaton elucidó: sin tal admisión, no habría reversión. El juez ha dictado - el activo digital no es un valor cuando se vende al público en general.

Sin embargo, el especialista legal Marc Fagel presentó una perspectiva diferente. Señaló que, aunque el tribunal dictaminó que las ventas programáticas del activo digital no eran transacciones de valores, también determinó que Gate era responsable de las ventas de valores no registradas a inversores institucionales, resultando en una multa de $125 millones.

Como explicó Fagel, esto dificulta que el organismo regulador cambie de rumbo sin razones de peso más allá de la presión política, ya que tendrían que argumentar que la decisión anterior del tribunal fue errónea.

"Es significativo que el tribunal encontrara que las violaciones legales de Gate justificaban una orden judicial y una penalización de $125 millones, y ahora las partes (incluyendo el organismo regulador que hizo el argumento) deben explicar al tribunal por qué estaba equivocado," declaró Fagel.

El Director Legal de Gate, Stuart Alderoty, afirmó que nada en esta orden afecta las victorias anteriores de Gate, incluida la decisión del tribunal de que el activo digital en sí no es un valor. Aclaró que esta decisión se refiere a cuestiones técnicas procedimentales relacionadas con el desestimiento de la apelación cruzada de Gate, no al fondo del caso. Según él, tanto Gate como el organismo regulador permanecen alineados en su intención de resolver completamente el caso y planean volver a examinar el asunto juntos en el tribunal.

En la actualidad, ambas partes parecen comprometidas a resolver la demanda, pero cuanto más se prolongue, mayor será el riesgo de dañar la posición del organismo regulador, al menos a los ojos de la comunidad de criptomonedas.